Vivimos la era del escándalo, donde no pasa un día sin que una persona o una organización no sea el blanco de ataques de hordas de odiadores, multiplicados por sistemas y plataformas que hacen ver como una gran corriente de opinión un video, fotografía e incluso un montaje falaz, siempre en busca de hacerlo ver creíble hacia audiencias que hoy leen menos, más rápido, les gusta consumir escándalos y confrontan cada vez menos lo que es verdad o mentira.
En medio de este panorama es usual que personas y organizaciones busquen conocer indicadores de imagen y reputación física y digital que los rodea al sector o entorno bajo el cual tienen influencia y para eso buscan el apoyo de profesionales o empresas que hacen labores de monitoreo, seguimiento a temas reputados en redes sociales, comentarios de ciudadanos o tendencias orgánicas o pagadas pero al fin y al cabo que orientan la opinión.
Hoy, mucho más que antes, los gobiernos públicos se ven expuestos y envueltos en una sola constante: las crisis. Minuto a minuto ocurren hechos en los territorios que impactan la marca del gobierno, de quienes gobiernan y del lugar que se gobierna y en los tres casos las variables de mitigación del riesgo obligan a los equipos de estrategia y comunicaciones a tener herramientas para poder conocer con antelación o en tiempo real la información que les permita anticiparse a los daños o efectos reputacionales y por eso es legal e imprescindible la contratación de servicios de monitoreo de medios, redes, buscadores y todas las alternativas legales de consecución de información pública.
Los más importantes gobiernos nacionales, provinciales y municipales de América Latina tienen contratados servicios de monitoreo de medios y social media, con reportes diarios, alertas en tiempo real e informes que permiten a los diversos niveles de un gobierno la lectura sintética del entorno y tomar decisiones.
El Big Data no es el futuro sino el presente de las personas y organizaciones que quieran destacarse en esta tercera década del siglo 21 en medio del mar de información o de infoxicación que nos rodea. Solo en 60 segundos de su vida se ponen 500.000 trinos y se hacen más de 5 millones de búsquedas en Google o se han consumido 86.000 horas de Netflix, todo bajo un esquema digital en el que los ciudadanos prosumen y generan impactos exponenciales con sus posturas, gustos o decisiones.
El big data que se obtiene por medio de herramientas como los monitoreos de medios y social media permite interpretar el volumen, la variedad, la velocidad y la veracidad de la información que circula en estas plataformas para así filtrar, decantar y tener los frutos de una buena minería de datos que en un nivel de usuario en medio de un maremágnum de data, un ciudadano común no puede ver.
Algo contrario a esta práctica del monitoreo de medios y de entornos digitales es el perfilamiento de personas, el auscultamiento de su vida privada, el seguimiento de sus movimientos cotidianos e incluso la aplicación de mecanismos de censura: nada de esto es útil para una persona u organización que actúa bajo la legalidad, máxime cuando se trata de una entidad pública que se sostiene con los recursos que pagan esos mismos ciudadanos.
Los gobiernos que carecen de información pública en tiempo real para tomar decisiones se arriesgan a cometer graves errores por desconectarse de la realidad, por no escuchar las voces y las opiniones de personas y organizaciones calificadas, los errores propios o los que les atribuyen, las versiones que nos han convertido en una sociedad saturada de escándalos y crisis que se convirtieron en el pan nuestro de cada día; ese que lamentablemente consumen miles de ciudadanos para intoxicarse mientras confían en que se están nutriendo con la verdad.
